• Diego Bolaño

MAMBRÚ NO SE FUE A LA GUERRA, ¡A ÉL LO RECLUTARON!

La recién elegida segunda vicepresidenta del Senado y excombatiente de las FARC-EP, Sandra Ramírez, afirmó que al interior del grupo armado ilegal al que pertenecía nunca existió una política de reclutamiento forzado de menores; sino que, por el contrario, el ingreso de ellos siempre fue de manera voluntaria. Estas aseveraciones generaron diversos comentarios desde distintos sectores políticos, defensores de derechos humanos y de la ciudadanía en general. Y es normal: en Colombia estamos “tan comprometidos” con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que cualquier tema en el que se les menciona se convierte rápidamente en tendencia. Los políticos lo saben y astutamente se aprovechan de eso, hasta el punto de olvidar que instrumentalizar a los niños y niñas, no es más que otra forma de violentarlos.





Colocar en entredicho la participación de los menores de edad en los distintos grupos armados ilegales, es pretender “tapar el sol con un dedo”. No podemos borrar de la memoria colectiva los desgarradores testimonios de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del reclutamiento forzado. Ni escondiendo todas las pruebas existentes, se puede silenciar una verdad que, aunque no vivimos en carne propia, todos conocemos. Para que los colombianos olvidemos que muchos menores han sido instrumentalizados en la guerra, tanto por el Estado como por grupos armados ilegales, primero, nos tienen que hacer olvidar esa canción infantil que tanto repetíamos, y que quizá éramos muy pequeños para comprenderla: “Mambrú se fue a la guerra, ¡qué dolor, qué dolor, qué pena! Mambrú se fue a la guerra, ¡no sé cuándo vendrá! Do-re-mi, do-re-fa, ¡no sé cuándo vendrá!



No podemos entrar a desconocer que la desigualdad social, la falta de oportunidades, el abandono estatal y algunos otros factores más, han inducido a que desde muy temprana edad muchos menores se vean incentivados a vincularse de manera voluntaria a un grupo armado ilegal. Tampoco podemos atribuirnos una función que no nos compete, y pretender ser nosotros quienes determinemos si las antiguas FARC o cualquier otro grupo armado, forzó o no a menores para que entraran en sus filas. Para eso está la JEP, y al margen de que nos guste o no, es el órgano competente y con las herramientas necesarias para determinar si ocurrieron esos hechos y sancionar a los responsables. Lo que sí es importante dejar claro, es que un adolescente que participa en la guerra, incluso con su aparente consentimiento, siempre será una víctima de reclutamiento ilícito. Esto obedece a que carecen de la madurez y autonomía necesaria para tomar la decisión de inmiscuirse en un conflicto armado.



A la luz de nuestro ordenamiento jurídico, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, sin importar si es consentido o no, es ilegal y reprochable. Más allá de que el DIH y algunos instrumentos internacionales así lo prescriban, o porque Colombia ha ampliado esta prohibición penalizando, en el artículo 162 del Código Penal, el reclutamiento de cualquier menor de edad; es inconcebible que a una persona, a la que en principio, no le permitimos ejercer el derecho al voto, administrar su propio patrimonio, celebrar cualquier tipo de contratos, trabajar, conducir su vida a su antojo, consentir una relación sexual si es menor de catorce años, o simplemente tomarse unas cervecitas y emborracharse, sí pueda optar por agarrar un fusil e ir a exponerse en una guerra que tal vez ni logra comprender.



Lo expresado por Sandra Ramírez nos permite evidenciar una gran problemática: la constante invisibilización del reclutamiento de menores. Negar o desconocer que los niños, niñas y adolescentes son víctimas del reclutamiento ilegal no es nada nuevo, ni mucho menos algo exclusivo de los grupos armados que lo han practicado. En Colombia, el reclutamiento de menores ha sido negado e invisibilizado hasta por mismos sectores políticos que descaradamente se indignaron con el pronunciamiento de la excombatiente. ¿O es que ya olvidamos que cuando las fuerzas militares bombardearon alrededor de 18 niños y niñas que se encontraban en un campamento de las disidencias de las FARC en el Caquetá, los mismos que hoy se indignan salieron a excusarlos y a justificar tal barbarie diciendo: “si hay niños en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno?”, “quién los mandó a estar allí”, “no son niños, son guerrilleros”, y otras bestialidades más?



Culpar a los menores por estar en las filas de un grupo armado ilegal es otra forma de victimizarlos. Por eso, el debate no puede ni debe finalizar con solamente aceptar que los niños, niñas y adolescentes han venido siendo víctimas del reclutamiento ilegal, sino que también, hay que reconocer que son víctimas de la gran invisibilización que muchos han hecho del mismo, al punto de instrumentalizarlos en una guerra sin armas, pero igual de lesiva. Una guerra entre los distintos sectores políticos que los usan a su antojo, vulneran e ignoran sus derechos, los revictimizan y hasta los hacen pasar por combatientes colocándoles un par de botas al revés y celebrando que el “Honorable” Ejército de Colombia ha dado de baja a otro guerrillero.



Debemos dejar el descaro, la incoherencia y la doble moral a la hora de hablar o indignarnos por el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes. No podemos criticar a otros por algo que nosotros también hemos hecho. No esperemos a que, como continúa la canción, Mambrú ya se haya muerto y que al son del do-re-mi, do-re-fa lo estén llevando a enterrar, para dejar de invisibilizar, a nuestra conveniencia, el reclutamiento ilícito de menores. Si seguimos ignorando esta gran verdad, ni cantando mil veces ¡qué dolor, qué dolor, qué pena!, podremos reparar el daño que hemos causado con tanta revictimización.



 


LA ÑAPA: Paremos de instrumentalizar a los niños, niñas y adolescentes por el hijueputa afán de legitimar un discurso político que, para ser sinceros, únicamente los idiotas se lo creen. Recuerden que esta generación lo único que se traga sin mayor reparo son las bebidas que viene etiquetada con “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud”. (No se escandalicen por el “hijueputa” que aquí no estamos en una sesión virtual del Congreso).

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