• Diego Bolaño

Cadena Perpetua: ni protege, ni soluciona.


"¡Histórico! El Senado aprueba cadena perpetua para violadores de niños”. ¡Diez palabras! Tan sólo diez palabras y cincuenta y nueve letras, fueron suficientes para generarme un sinsabor que me exigió, en un acto casi masoquista, alzar el volumen de la emisora del carro. No había escuchado mal: El Congreso acababa de aprobar en último debate el Acto Legislativo que modifica el artículo 34 de la Constitución, suprimiendo la prohibición de cadena perpetua. Anhelaba escuchar que el proyecto se había hundido, o por lo menos, sentir la decepción en la voz del periodista. Pero no. Para completar mi desgracia, aquel reportero, lo celebraba. Hubiera preferido escucharlo parafrasear, después del titular, aquel pedazo del vallenato que frecuentemente colocaba en la emisora: “¡qué tristeza, qué jartera, pero que vaina barro!”.


Muchos de los seguidores de esta decisión, tachan de desalmados, miserables, insensibles y con un sinnúmero de adjetivos denigrantes a quienes se oponen a la protección de los niños y niñas. ¡Estoy totalmente de acuerdo! Pero, ¿será que ellos son conscientes de la poca utilidad de esta medida para proteger a los menores? ¿Acaso no ven el famoso 'populismo' que tanto critican a ciertos políticos? ¿Será tal la ingenuidad de los simpatizantes que darán votos creyendo en falsas soluciones? ¿Habrá tal decadencia moral en los 'padres de la patria'?


La cadena perpetua para quien mate, secuestre, torture, viole o realice actos sexuales con menores, no protege en lo absoluto a los niños, niñas y adolescentes. Los motivos son simples: desdibuja el fin de la pena, no soluciona esos delitos y es contrario a la Constitución.


Para muchos ciudadanos, el Derecho Penal es la herramienta para castigar a cuanto ‘desadaptado’ se encuentre en el camino. Parece que el Congreso, aún con su supuesta experticia, no piensa muy diferente a ellos. El legislativo olvida que, el objetivo de las penas es la búsqueda de la resocialización del condenado, es decir, que el criminal deje atrás el crimen y que se reintegre a la vida civil. Pretender que una persona que cometió un delito no salga nunca de la cárcel, iguala la pena a un castigo, una venganza o a un simple ‘desquite’. Tal vez suene justo y hasta nos genere cierta sensación de alivio y satisfacción, pero eso no es Derecho Penal.


El Derecho Penal tiene una particularidad: está llamado a intervenir cuando ya tuvo lugar una conducta punible, no antes. Por eso, no es el instrumento idóneo, adecuado, ni mucho menos el encargado de prevenir o impedir la comisión de ningún delito. Si así lo hiciera, para nada tendríamos las leyes penales.


Para colmo de males, la cadena perpetua como instrumento de política criminal, no tiene fundamentos científicos, ni técnicos. La Comisión Asesora de Política Criminal, ha advertido que, no hay ningún argumento convincente que permita, de manera razonable, suponer que esta decisión se traduce en una mejor protección para la vida, integridad física, sexual y psíquica de los menores. Y eso es lógico. No hemos visto al primer delincuente que revise el Código Penal para saber cuántos años recibirá antes de cometer un delito. Ellos no delinquen esperando ser judicializados. Por el contrario, su objetivo siempre será la impunidad. Si somos conscientes de esto, ¿por qué insistir en penas más drásticas, como la cadena perpetua, para desincentivar al criminal de cometer delitos contra los menores?


La aprobación de la cadena perpetua es inconstitucional. Más que, por estar prohibido en el artículo 34 Superior, es porque atenta contra el principio esencial de la Constitución y nuestro Estado Social de Derecho: la dignidad humana. Dignidad que merecen hasta las personas que vayan a ser privadas de la libertad. Por ello, el Congreso no está facultado para eliminar dicha prohibición. De igual forma, se estaría transgrediendo los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que Colombia ha ratificado, que se entienden forman parte de la Constitución.


En suma, pretender proteger a los niños, niñas y adolescentes con una medida que no soluciona de manera estructural la problemática, sino que genera una falsa sensación de solución, es fácil. Lo difícil es buscar soluciones integrales que propendan realmente a proteger a los menores y a erradicar la impunidad que tanto azota a esta Patria.


LA ÑAPA: Si de verdad nos interesan los niños, niñas y adolescentes unamos fuerzas para protegerlos, como se hizo hoy con la aprobación del Proyecto de Ley de Transporte Escolar Rural. Hagámoslo con acciones concretas, sin populismo ni demagogia punitiva.


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